¿Qué es el Acuerdo de Escazú y Estado Jurídico en Colombia?

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve la cooperación y el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente. Firmado en Escazú, Costa Rica, en 2018, este acuerdo busca garantizar que la ciudadanía pueda participar activamente en la protección de sus derechos ambientales, además de fomentar la transparencia en las actividades que impactan el entorno. De este modo, el Acuerdo de Escazú se convierte en un instrumento esencial para el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente en América Latina y el Caribe.

En Colombia, el estado jurídico del Acuerdo de Escazú ha cobrado relevancia con la promulgación de la Ley 2273 en 2022, que ratificó el compromiso del país con este marco normativo. Esta ley establece principios fundamentales relacionados con la información ambiental y el derecho a un ambiente sano, integrando las disposiciones del acuerdo en la legislación colombiana. Asimismo, la sentencia C-359 de 2024, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, valida su implementación y reafirma su compatibilidad con la Constitución y los derechos fundamentales. Esta sentencia proporciona una base legal sólida, asegurando que las políticas públicas se alineen con los objetivos del Acuerdo de Escazú.

La entrada en vigor del Acuerdo está programada para el 24 de diciembre de 2024, lo que marca un hito significativo en los esfuerzos de Colombia por fortalecer su marco legal ambiental. A partir de esta fecha, se espera que el país establezca mecanismos que faciliten la participación ciudadana y la rendición de cuentas respecto a las decisiones que afectan el medio ambiente. En resumen, el Acuerdo de Escazú representa no solo un compromiso internacional, sino también una oportunidad para avanzar hacia la sostenibilidad y la justicia ambiental en Colombia.

Implicaciones del Acuerdo para las Empresas

El Acuerdo de Escazú, ratificado por varios países de América Latina y el Caribe, establece un marco que impacta directamente en la operativa de las empresas colombianas. Las implicaciones de este acuerdo se pueden examinar a través de cuatro áreas clave: acceso a información, participación ciudadana, mecanismos de justicia y la protección de los defensores de derechos humanos. Estas dimensiones no solo afectan la responsabilidad empresarial, sino que también redefinen la relación entre las compañías y la sociedad.

En primer lugar, el acceso a información es fundamental para las empresas que operan en sectores relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales. El Acuerdo promueve la transparencia y la divulgación de información ambiental, lo que implica que las empresas estarán obligadas a compartir datos relevantes sobre su impacto en el entorno. Este acceso no solo permite a los ciudadanos y comunidades hacer un seguimiento de las actividades empresariales, sino que también fortalece la confianza pública en las empresas, lo cual es esencial para su reputación y sostenibilidad.

En segundo lugar, la participación ciudadana es otro aspecto clave del Acuerdo de Escazú. Las empresas deberán fomentar espacios de diálogo con las comunidades y grupos de interés, permitiendo a la población involucrarse en la toma de decisiones que puedan afectar su entorno. Esto significa que las compañías deben adaptar sus estrategias de consulta y participación, asegurando que las voces locales sean escuchadas y tenidas en cuenta en la planificación de proyectos, lo que puede repercutir favorablemente en su aceptación social.

Además, los mecanismos de justicia que establece el Acuerdo buscan asegurar que las comunidades afectadas por actividades empresariales tengan acceso a vías legales para defender sus derechos. La implementación de estos mecanismos puede resultar en la necesidad de que las empresas colombianas revisen sus políticas internas y fortalezcan su cumplimiento normativo, dado que la falta de adecuación a estos principios podría llevar a sanciones legales y dañinas para la imagen corporativa.

Por último, el Acuerdo de Escazú enfatiza la protección de los defensores de derechos humanos, quienes desempeñan un papel crucial en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Las empresas deberán tomar medidas activas para garantizar la seguridad de estas personas y colaborar con las iniciativas que promuevan la defensa de los derechos humanos. Este enfoque no solo cumple con las obligaciones del Acuerdo, sino que también refuerza la sostenibilidad de la operación empresarial en un entorno socialmente responsable.

Cambios por Función: Dirección, Legal, HSE y Sostenibilidad

El Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información ambiental y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, tendrá un impacto significativo en diversas áreas funcionales dentro de las empresas colombianas. En cuanto a la dirección, se requerirá un fuerte compromiso para integrar criterios de sostenibilidad en la estrategia organizacional. Esto incluye la promoción de prácticas que fomenten la transparencia y la consulta con comunidades afectadas por proyectos relacionados con el medio ambiente. Las direcciones deberán establecer canales claros de comunicación y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que se cumplen las obligaciones del acuerdo.

Desde el departamento legal, las empresas deberán revisar y actualizar sus políticas y procedimientos para asegurar que estén en consonancia con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Esto implica monitorear las normativas locales e internacionales en materia ambiental y derechos humanos, así como implementar protocolos que faciliten la gestión de situaciones de conflicto. Asimismo, el departamento legal puede desempeñar un papel clave en educar al personal sobre sus derechos y responsabilidades en relación con la información ambiental.

El área de salud, seguridad y medio ambiente (HSE) también enfrentará transformaciones significativas. Las empresas deberán evaluar y modificar sus procedimientos para garantizar el acceso a la información sobre los impactos ambientales de sus operaciones. Esto incluye llevar a cabo auditorías ambientales y comunicar de manera proactiva los resultados obtenidos. Además, será fundamental incorporar prácticas de mitigación de riesgos que protejan tanto a los trabajadores como a las comunidades circundantes.

Finalmente, en lo que respecta a sostenibilidad, el Acuerdo de Escazú exigirá que las empresas adopten un enfoque más holístico en sus prácticas comerciales. Esto implica no solo cumplir con los requerimientos legales, sino también fomentar la innovación en procesos sostenibles y establecer alianzas estratégicas con otros actores, tales como ONGs y comunidades locales, para avanzar hacia un futuro más responsable y equitativo.

Data Room, Protocolo de Participación y KPIs

El Acuerdo de Escazú, que busca promover la justicia ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, ha generado nuevas exigencias para las empresas en Colombia. Para cumplir con sus disposiciones y mejorar la gestión ambiental, es fundamental que las empresas implementen herramientas eficaces, tales como un Data Room, un protocolo de participación y la definición de indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Un Data Room es un espacio organizado que permite la gestión y el acceso a información crítica relacionada con las operaciones y el impacto ambiental de una empresa. Este entorno debe ser transparente y accesible, facilitando la consulta por parte de partes interesadas, como comunidades locales y organizaciones ambientales. Además, un Data Room bien estructurado fomenta una cultura de responsabilidad y apertura, alineándose con los principios del Acuerdo de Escazú. A través de esta herramienta, las organizaciones pueden demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para construir confianza con la sociedad.

Asimismo, el protocolo de participación es una estrategia esencial que permite establecer un marco claro para la interacción con los distintos grupos de interés. Este protocolo debe considerar cómo las empresas facilitarán la inclusión de las voces de comunidades afectadas en sus decisiones, asegurando que se escuchen sus preocupaciones y se integren sus aportes en los procesos de toma de decisiones. La participación efectiva no solo está alineada con los objetivos del Acuerdo, sino que también puede fortalecer las relaciones con la comunidad y mitigar conflictos potenciales.

Finalmente, la definición de indicadores clave de rendimiento (KPIs) es crucial para evaluar la eficacia de estas herramientas en la práctica. Los KPIs deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, permitiendo que las empresas monitoreen su desempeño en materia de transparencia y participación. De esta manera, no solo se podrán identificar áreas de mejora, sino que también se podrá informar a las partes interesadas sobre los progresos realizados en la implementación del Acuerdo de Escazú.

Hoja de Ruta a 90 Días

La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú por parte de las empresas colombianas requiere un enfoque estratégico y sistemático en los primeros 90 días. Este periodo es crucial para establecer las bases que permitirán a las organizaciones cumplir con las nuevas regulaciones que promueven el derecho a la información ambiental y la participación ciudadana. A continuación, se presentan pasos inmediatos que las empresas deben considerar.

En primer lugar, es esencial realizar un diagnóstico inicial sobre el estado actual de cumplimiento legal. Esto implica evaluar las políticas existentes relacionadas con la sostenibilidad y la transparencia. La empresa debe identificar los puntos en los que comienza a alinearse con los principios del Acuerdo, así como las áreas donde se necesitan mejoras. Con esta información, se pueden priorizar acciones efectivas que atiendan cualquier brecha en el cumplimiento.

Tras el diagnóstico, el siguiente paso debe ser la formación de un equipo responsable que lidere la implementación. Este equipo deberá incluir miembros de diversas áreas, como el departamento legal, el de sostenibilidad y la gestión de riesgos. La colaboración interdisciplinaria asegurará que todos los aspectos del Acuerdo sean considerados. Además, es importante establecer un cronograma claro y metas específicas que se deben alcanzar en el plazo de 90 días.

Un área crítica a priorizar es la comunicación y la divulgación de información. Las empresas deben comenzar a desarrollar un plan de comunicación que no solo informe a las partes interesadas sobre las acciones que se están tomando, sino que también promueva la participación activa de la comunidad. Este enfoque no solo es un requisito del Acuerdo, sino que también contribuye a fomentar una cultura organizacional que valore la transparencia y la responsabilidad social.

Finalmente, para asegurar una implementación exitosa, las empresas deben considerar cómo integrar estos esfuerzos en su cultura organizacional. El apoyo de la alta dirección es vital. Esto puede lograrse a través de capacitaciones continuas y la promoción de valores corporativos alineados con el Acuerdo de Escazú.

Antipatrones: Errores Comunes a Evitar

La implementación del Acuerdo de Escazú es esencial para que las empresas colombianas fortalezcan su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. Sin embargo, varios antipatrones pueden obstaculizar esos esfuerzos, lo que resulta en un cumplimiento deficiente. Uno de los errores más comunes es la falta de consulta con las comunidades afectadas. Al no involucrar a la población local en la toma de decisiones, las empresas pueden perder oportunidades para obtener información valiosa y generar confianza, lo que puede llevar a conflictos y resistencia. La participación activa no solo es un principio del Acuerdo, sino que también es crucial para la legitimidad de los proyectos empresariales.

Otro error frecuente es la insuficiencia de recursos destinados a la capacitación del personal. Las empresas a menudo subestiman la importancia de formar a sus empleados en los aspectos relacionados con el Acuerdo de Escazú, lo que genera confusión y falta de dirección en la implementación de políticas ambientales. Invertir en capacitación no solo es una obligación, sino que también promueve un sentido de responsabilidad dentro de la organización hacia el cumplimiento de los compromisos ambientales.

Además, algunas organizaciones pueden caer en la trampa de realizar acciones superficiales, conocidas como “greenwashing”. Este comportamiento se manifiesta cuando las empresas comunican un compromiso ambiental sin respaldarlo con acciones concretas. Esto no solo puede llevar a sanciones, sino que también destruye la reputación corporativa, ya que los consumidores están cada vez más informados y críticos respecto a estas prácticas. Para evitarlo, es fundamental que las empresas adopten un enfoque auténtico hacia la sostenibilidad, implementando cambios reales en su operativa y asegurando que sean medibles y reportables.

Acompañamiento de Ekora: Estrategias sin Equipos de Venta

En el contexto del Acuerdo de Escazú, la correcta interpretación y cumplimiento de sus principios puede ser un desafío para muchas empresas colombianas. Para abordar esta necesidad, Ekora se posiciona como un aliado estratégico, ofreciendo acompañamiento consultivo sin la intención de promover ventas de productos o servicios. Este enfoque permite a las organizaciones concentrarse en la implementación de prácticas sostenibles y en el fortalecimiento de su compromiso ambiental.

Ekora utiliza una variedad de metodologías adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa. Entre estas estrategias se encuentra la realización de talleres y capacitaciones que buscan desmitificar los conceptos del Acuerdo de Escazú. De esta manera, se contribuye a crear una cultura organizacional orientada hacia la sostenibilidad y el respeto por los derechos ambientales. Estos talleres fomentan el entendimiento profundo de los principios del Acuerdo, promoviendo su integración en las políticas corporativas.

Además, Ekora se enfoca en realizar diagnósticos organizacionales que permiten identificar áreas de mejora y oportunidades de cumplimiento con el Acuerdo. Esta evaluación inicial facilita el desarrollo de un plan de acción adecuado a cada contexto empresarial. A lo largo del proceso, Ekora mantiene un acompañamiento continuo con seguimiento periódico, lo cual es esencial para asegurar que las metas de implementación se estén cumpliendo adecuadamente.

El enfoque consultivo de Ekora asegura que las empresas no solo se alineen a las políticas ambientales requeridas, sino que también adquieran una ventaja competitiva en un mercado cada vez más orientado hacia la sostenibilidad. Este acompañamiento proactivo se convierte en un elemento clave para que las empresas colombianas se conviertan en pioneras en la adopción de prácticas más responsables y éticas en cuanto a sus operaciones. La asistencia de Ekora, entonces, se traduce en un compromiso real hacia el cumplimiento de los principios del Acuerdo de Escazú, fortaleciendo así su rol en la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades.